Decreto extraordinario del Senado, creado para solucionar la crisis que desencadenó Cayo Graco en el 121 a.C., y de esa forma evitar el nombramiento de un dictador.
Este decreto invalidaba los cuerpos legislativos y los magistrados, y era comparable a la ley marcial.
Esta denominación se atribuye con frecuencia a Cicerón, que debió de buscar una alternativa más sencilla al verdadero nombre: senatus consultum de republica defenda.
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