Los obispos, presbíteros
y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados; los senadores, nobles y
caballeros, perdida su dignidad, deben ser privados de sus bienes, y si aun así
continúan siendo cristianos, sufran la pena capital. Las matronas, despojadas
de sus bienes, sean desterradas. Los cesarianos (libertos del césar) que antes
o ahora hayan profesado la fe, confiscados sus bienes, y con el registro marca
de metal al cuello, sean enviados a servir a los dominios estatales.
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